Corea del Sur condena a Yoon Suk-yeol a 30 años de prisión por ordenar vuelos de drones sobre Pyongyang
El Tribunal del Distrito Central de Seúl impuso este viernes treinta años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, al considerarlo culpable de abuso de poder y de auxilio al enemigo por una incursión de drones sobre la capital norcoreana en octubre de 2024, concebida —según los jueces— para fabricar un pretexto que justificara la declaración de ley marcial de diciembre de aquel año. El exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió idéntica pena. La condena es independiente de la cadena perpetua que ya pesa sobre Yoon por liderar una insurrección.
La caída de Yoon Suk-yeol, que comenzó la noche en que decretó la ley marcial y movilizó al ejército contra su propio parlamento, sumó este viernes un nuevo capítulo judicial. El Tribunal del Distrito Central de Seúl lo halló culpable de orquestar el envío de aeronaves no tripuladas sobre Pyongyang en octubre de 2024, una operación encubierta que la fiscalía describió como una provocación deliberada para tensar la frontera y allanar el camino a la suspensión del orden constitucional. La pena: treinta años de prisión.
Junto al expresidente fue condenado a la misma pena su exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, señalado como ejecutor material de la maniobra. Según el fallo, Yoon habría conspirado desde el primer momento en la incursión, sabedor de que un incidente fronterizo con el Norte le ofrecería la cobertura política y de seguridad que necesitaba para el golpe institucional que intentó semanas después, en diciembre de 2024.
"Quien estuvo dispuesto a provocar a un vecino armado con bombas atómicas para conservar el poder ha encontrado, por fin, el límite que la ley reserva a quienes confunden el Estado con su persona."
La sentencia se suma a una cadena de condenas que han desmantelado por completo la figura del antiguo fiscal estrella convertido en presidente. En febrero, otro tribunal lo había condenado a cadena perpetua por liderazgo de una insurrección, en relación con la propia declaración de ley marcial; en enero, una primera resolución le había impuesto cinco años por delitos conexos. Yoon, de 65 años y ya bajo custodia, podrá recurrir el veredicto de este viernes ante instancias superiores.
Más allá del destino personal del expresidente, el caso ha sometido a la joven democracia surcoreana a una prueba de resistencia institucional poco frecuente en Asia: un jefe de Estado procesado, juzgado y condenado por sus propios tribunales sin que el orden constitucional llegara a quebrarse. Para los socios y los mercados de Seúl, el cierre judicial de la crisis política despeja una incógnita que pesaba sobre la quinta economía de Asia desde finales de 2024, justo cuando el país encadena cifras récord de crecimiento al amparo de los semiconductores y la inteligencia artificial.
Para Capitalis Electus, el episodio ilustra una verdad que excede la política coreana: la solidez de un patrimonio —como la de una nación— no se mide en los años de bonanza, sino en su capacidad de resistir el momento en que alguien intenta doblegar las reglas en su favor. Las instituciones que se sostienen, los contratos que se cumplen y las coberturas que responden cuando llega el siniestro son la misma sustancia: confianza puesta a prueba y honrada. Esta nota es información, no asesoramiento.